Decir que «la Administración» ha fallado, sin identificar qué institución debía actuar, convierte un problema concreto en una acusación imprecisa y facilita que la indignación ciudadana sea utilizada como munición política. Una mujer con un hijo va a ser desahuciada de la vivienda que ocupa. Ante el periodista declara: «La Administración se ha desentendido de nosotros». La frase expresa abandono, angustia y, probablemente, una experiencia agotadora frente a oficinas, plazos y silencios. No hay motivo para discutirle a la afectada su percepción. Pero sí hay una obligación profesional que corresponde al medio de comunicación: formular la pregunta que falta. ¿Qué Administración? ¿Se dirigió a los servicios sociales municipales? ¿Solicitó una vivienda pública a la comunidad autónoma? ¿Qué juzgado tramita el procedimiento? ¿Existe informe de vulnerabilidad? ¿Qué organismo recibió la petición y no contestó? Sin esas respuestas, la noticia describe el dolor, pero deja un espacio vacío que otros llenarán con el culpable más conveniente. La precisión no es una manía burocrática. Es una condición elemental del periodismo y también de la democracia. Una ciudadanía que desconoce quién decide, quién ejecuta y quién financia difícilmente puede exigir cuentas a la institución adecuada. La Constitución establece que España es un Estado social y democrático de Derecho y que su forma política es la monarquía parlamentaria. El título VIII no dibuja una sencilla línea vertical con el Gobierno de España arriba y las restantes instituciones debajo. Su artículo 137 dispone que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas, dotados de autonomía para gestionar sus intereses. El artículo 148 permitió que las...