El dinero público sostiene bibliotecas, teatros, festivales y museos, pero abre una pregunta incómoda: ¿protege la creación o la acostumbra a no morder la mano que firma la ayuda? La cultura nunca ha vivido en el aire. Esa idea romántica del artista aislado, entregado únicamente a la fuerza de su genio, sirve para algunas biografías, para ciertos prólogos y para muchas campañas de prestigio, pero no explica cómo se escriben, publican, estrenan, exhiben, traducen, conservan y difunden las obras. La cultura necesita tiempo, espacios, mediadores, archivos, bibliotecas, editoriales, teatros, salas, escuelas, museos, festivales, imprentas, librerías, críticos, técnicos, programadores y públicos. Todo eso cuesta dinero. La cuestión, por tanto, no es si la cultura debe tener condiciones materiales, sino quién las proporciona, con qué criterios y a cambio de qué silencios. En España, como en buena parte de Europa, la subvención pública ha sido una herramienta decisiva para sostener una vida cultural que el mercado por sí solo no garantizaría. Muchas bibliotecas, compañías teatrales, ciclos literarios, editoriales pequeñas, revistas culturales, festivales de cine, exposiciones, proyectos de investigación, programas de lectura o actividades en municipios de menor población no podrían sobrevivir únicamente con taquilla, ventas o patrocinio privado. La intervención pública ha permitido conservar patrimonio, descentralizar la programación, apoyar lenguas, crear públicos y proteger propuestas que no nacen con vocación de rentabilidad inmediata. Pero esa defensa legítima de la financiación pública no puede convertirse en una coartada para evitar el debate. La subvención también puede generar dependencia, domesticación, clientelismo, comodidad estética y alineamiento ideológico. Puede convertir a creadores, gestores y entidades culturales en aspirantes...