Cuándo una tasa turística puede convertirse en mecanismo estable de financiación cultural y qué porcentaje debería regresar a los acontecimientos que atraen a los visitantes.
La llamada tasa turística suele justificarse por una idea elemental: quien visita una ciudad y utiliza sus servicios, espacios públicos, infraestructuras y patrimonio puede contribuir parcialmente a sufragar los costes que genera esa actividad. El principio resulta razonable. Sin embargo, la discusión cambia cuando una parte considerable de esos visitantes no llega atraída únicamente por la ciudad en abstracto, sino por sus museos, festivales, ferias del libro, teatros, conciertos, patrimonio histórico, exposiciones o grandes acontecimientos culturales.
Entonces surge una pregunta menos habitual y bastante más incómoda: si la cultura ayuda a producir la riqueza turística, ¿qué parte de la recaudación turística debe regresar a la cultura?
No se trata de reclamar una compensación automática para cualquier actividad cultural ni de convertir la fiscalidad turística en un sistema indiscriminado de subvenciones. Se trata de reconocer una relación económica que con demasiada frecuencia funciona en una sola dirección: la cultura atrae visitantes, estos generan ingresos turísticos y fiscales, pero los acontecimientos culturales que contribuyeron a provocar esos desplazamientos continúan dependiendo de presupuestos inciertos, convocatorias anuales y ayudas sometidas a las oscilaciones de cada ejercicio.
Una tasa turística puede convertirse en un mecanismo estable de financiación cultural precisamente cuando rompe ese círculo. Recaudar no basta: hay que afectar una parte de los ingresos
La primera condición es sencilla: la financiación cultural no puede depender exclusivamente de decisiones presupuestarias tomadas cada año.
Debe existir una afectación previa y conocida de una parte de la recaudación.
Cataluña ofrece un buen ejemplo de la importancia que puede adquirir esta cuestión. Desde el 1 de abril de 2026, el impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos destina el 25 % de la recaudación total a políticas de vivienda y el 75 % restante al Fondo para el Fomento del Turismo. Una parte de este último se distribuye entre los municipios y otra permanece vinculada a las políticas turísticas de la Generalitat. (Agència Tributària de Catalunya)
El sistema demuestra que jurídicamente es perfectamente posible predeterminar el destino de una recaudación turística. La cuestión es qué lugar ocupa la cultura dentro de ese reparto.
Barcelona ya ha utilizado ingresos procedentes del impuesto turístico para financiar proyectos culturales y grandes acontecimientos. En 2025, dentro de un paquete de 11,64 millones de euros, destinó 5,05 millones a proyectos relacionados con grandes acontecimientos y otros 700.000 euros específicamente al ámbito cultural. La propia ciudad señalaba entonces que sus ingresos anuales procedentes del impuesto habían pasado de una media de 12,16 millones de euros durante el mandato anterior a 23,46 millones. (Ajuntament de Barcelona)
Es un precedente significativo. Pero financiar acontecimientos concretos no equivale todavía a establecer un sistema estable de retorno cultural.
La estabilidad exige una regla.
Edimburgo: cuando la cultura entra en la arquitectura del impuesto
Hay un modelo europeo particularmente interesante.
Edimburgo comenzó a aplicar el 24 de julio de 2026 una tasa del 5 % sobre el precio del alojamiento, limitada a las cinco primeras noches. La previsión municipal sitúa la recaudación futura en torno a 45-50 millones de libras anuales. (The City of Edinburgh Council)
Lo relevante, sin embargo, no es únicamente cuánto recauda. Es cómo ha decidido distribuirlo. Una vez descontados los costes administrativos y determinadas cantidades destinadas a vivienda, mitigación turística y presupuestos participativos, la recaudación restante se divide en tres grandes bloques: 55 % para operaciones e infraestructuras urbanas; 35 % para cultura, patrimonio y acontecimientos; y 10 % para gestión del destino turístico. (The City of Edinburgh Council)
El porcentaje merece atención. Edimburgo no considera la cultura un añadido ornamental a su política turística. La incorpora al mecanismo económico que permite mantener la capacidad de atracción de la ciudad. Y existe una lógica evidente. Los festivales, teatros, monumentos, museos y acontecimientos culturales no son únicamente beneficiarios del turismo. En determinados destinos son precisamente aquello que produce turismo.
Existe una diferencia fundamental entre financiar cultura con dinero procedente del turismo y reconocer que determinada actividad cultural genera actividad turística. Lo primero puede ser una decisión discrecional. Lo segundo establece un derecho razonable al retorno.
Pensemos en un festival literario capaz de provocar miles de pernoctaciones; una exposición extraordinaria que atrae visitantes durante varios meses; un festival de música o teatro que eleva considerablemente la ocupación hotelera; una feria del libro de dimensión internacional; una programación patrimonial que prolonga la temporada turística. Hoteles, restaurantes, transportes, comercios y administraciones obtienen ingresos derivados de esa actividad. Resultaría difícil explicar que el acontecimiento que contribuye a generarlos deba comenzar al año siguiente prácticamente desde cero buscando nuevamente financiación.
La tasa turística puede corregir parcialmente esa paradoja.
HOJAS SUELTAS considera razonable establecer como referencia que al menos el 25 % de la recaudación neta de una tasa turística quede afectado a cultura, patrimonio y acontecimientos culturales en aquellos destinos donde estos constituyan una parte significativa de la oferta turística. No parece una proporción desmesurada. Edimburgo ha situado su propio porcentaje en el 35 % de los fondos distribuibles después de determinadas asignaciones previas. (The City of Edinburgh Council). Pero dentro de ese 25 % convendría realizar una segunda distinción. No todo debería dirigirse hacia grandes acontecimientos. Una parte debe financiar conservación patrimonial, museos, archivos, bibliotecas, creación local, espacios culturales y programas que beneficien tanto al visitante como al residente.
Por ello propondríamos una fórmula orientativa:
Un mínimo del 25 % de la recaudación turística neta destinado al ecosistema cultural, del cual aproximadamente un 15 % de la recaudación total debería reservarse para acontecimientos culturales capaces de demostrar una capacidad efectiva de atracción de visitantes. El restante 10 % permitiría fortalecer patrimonio, instituciones culturales y programas permanentes. El 15 % no debe entenderse como una subvención automática proporcional al número de turistas. Sería un fondo estable sometido a criterios públicos. Esa diferencia es fundamental.
Un festival que genera cien mil visitantes no debería recibir necesariamente diez veces más dinero que otro que genera diez mil. La cultura no puede evaluarse únicamente mediante criterios cuantitativos. El retorno debería considerar, entre otros factores, la capacidad acreditada de generar pernoctaciones; la llegada de visitantes exteriores; la desestacionalización; el impacto económico territorial; la calidad y singularidad cultural; la participación de creadores y empresas locales; la accesibilidad; la sostenibilidad; la continuidad del proyecto y su contribución al prestigio cultural del destino.
De esa manera podría evitarse un peligro evidente: que el dinero turístico terminase financiando únicamente aquello que ya posee gran capacidad comercial.
Una política cultural digna de ese nombre debe distinguir entre valor turístico y valor cultural. A veces coinciden. A veces no. Y la administración debe preservar ambos.
Existe además otra condición para hablar verdaderamente de estabilidad: los proyectos consolidados deberían poder acceder a financiación plurianual. Organizar un festival internacional, una bienal, una feria cultural o una exposición de gran dimensión exige contratar artistas, reservar espacios, negociar préstamos, realizar campañas internacionales y asumir compromisos con mucha antelación. La subvención anual concedida pocos meses antes del acontecimiento constituye una de las anomalías más frecuentes de nuestra administración cultural.
Si una tasa genera ingresos recurrentes y previsibles, puede permitir convenios de tres o cuatro años sujetos a evaluación periódica. Esa estabilidad no eliminaría el control público. Lo reforzaría.
Cada acontecimiento debería justificar qué actividad turística genera, qué retorno social proporciona, cuánto empleo produce y qué parte de sus recursos procede de financiación propia.
Existe, finalmente, otra precaución. La tasa turística no debe transformarse en un mecanismo mediante el cual los visitantes financien actividades concebidas exclusivamente para otros visitantes. La ciudad pertenece antes que nada a quienes viven en ella. Por eso los proyectos financiados mediante estos recursos deberían incorporar algún retorno ciudadano: actividades gratuitas, precios reducidos, programas educativos, descentralización hacia barrios, recuperación de espacios, mejoras patrimoniales o ampliación de programación.
La propia política de Edimburgo incorpora esta idea al prever fondos destinados a cultura accesible y asequible, programación pública y fortalecimiento de organizaciones culturales locales. (The City of Edinburgh Council) Es probablemente una de las claves del sistema. El turista contribuye porque utiliza la ciudad; la ciudad reinvierte para conservar aquello que interesa tanto al visitante como al residente.
Durante demasiado tiempo se ha pedido a la cultura que demuestre su impacto económico para justificar inversiones públicas. Cuando finalmente consigue demostrarlo, resulta paradójico que los beneficios generados desaparezcan en la economía general sin establecer mecanismos de retorno. Si un festival llena hoteles, si una exposición prolonga estancias, si un monumento provoca millones de visitas o si una feria convierte durante algunos días una ciudad en destino internacional, existe una actividad económica perfectamente identificable.
La fiscalidad turística ofrece la posibilidad de cerrar ese círculo. No mediante una apropiación corporativa de los impuestos, sino mediante una política pública transparente.
Nuestra posición sería, por tanto, clara: una tasa turística se convierte en instrumento estable de financiación cultural cuando una parte de su recaudación queda legal o reglamentariamente afectada, dispone de criterios públicos de distribución, permite compromisos plurianuales y somete sus resultados a evaluación independiente.
Como referencia, un 25 % destinado al conjunto formado por cultura, patrimonio y acontecimientos resulta defendible; dentro de él, alrededor de un 15 % de la recaudación neta podría regresar específicamente a los acontecimientos culturales que acrediten capacidad de atracción turística.
No porque los festivales, museos o ferias deban cobrar una comisión por cada visitante. Sino porque una ciudad turística necesita conservar aquello que hace que merezca la pena visitarla. Y cuando la cultura es una de las razones del viaje, reinvertir en ella una parte de lo recaudado no constituye un privilegio para el sector cultural. Es una forma elemental de sostenibilidad.
© Valentín Castro