Parte II. Teodomiro: protección, tributos y continuidad del poder
El pacto de Teodomiro permite estudiar cómo una capitulación protegía vidas y posiciones sociales mientras establecía nuevas obligaciones. Su lectura revela los intereses de los conquistadores, el margen de los intermediarios y los límites de una protección que dependía del cumplimiento de lo acordado.
Una cláusula que promete no separar a las familias permite entrever lo que estas podían temer. Otra que protege las iglesias señala qué se intentaba conservar. Las condiciones económicas muestran, a su vez, lo que debía entregarse para mantener aquella protección. El pacto de Teodomiro reúne esas dimensiones: seguridad, continuidad y subordinación. El acuerdo se sitúa en abril de 713 y vincula a Teodomiro con Abd al-Aziz ibn Musa. Sin embargo, no conservamos el documento original. Su texto nos ha llegado a través de transmisiones posteriores, entre ellas las de al-Udri, del siglo XI, y al-Dabbi, de finales del XII y comienzos del XIII. Las versiones presentan diferencias que afectan a nombres, lugares y prestaciones. ehumanista.ucsb.edu. Esta distancia documental no anula su importancia. Obliga a leerlo con cuidado: podemos identificar un núcleo de condiciones sin fingir que poseemos una reproducción indiscutible del escrito de 713.
Las versiones transmitidas recogen garantías sobre la vida de los sometidos, la conservación de sus familias, la práctica religiosa y las iglesias. Incluyen también compromisos políticos y económicos. En unas formulaciones aparecen de manera más detallada las prohibiciones de auxiliar a enemigos, acoger fugitivos u ocultar información relevante. La protección se vincula así al mantenimiento del acuerdo. ehumanista.ucsb.edu. Su lógica resulta comprensible: la autoridad vencedora ofrecía seguridad a cambio de una conducta verificable. No bastaba con dejar de combatir. Había que contribuir a que el territorio sometido no se convirtiera en una base de oposición.
La obligación de informar muestra hasta dónde podía penetrar esa relación. Quien había negociado la capitulación debía actuar dentro de una nueva estructura de lealtades. La seguridad de su posición dependía, en parte, de demostrar utilidad para quienes acababan de imponerse. Para los habitantes, la situación contenía una ambivalencia evidente. El acuerdo podía reducir riesgos inmediatos, pero también limitar su capacidad de apoyar a otros resistentes o de sustraerse al nuevo dominio. La protección tenía condiciones y alguien debía interpretar si se habían cumplido.
Teodomiro pertenecía a la aristocracia del reino desaparecido y dispuso de capacidad suficiente para negociar. Su caso permite observar una continuidad selectiva: los conquistadores podían reconocer una posición anterior cuando resultaba compatible con su autoridad. Eduardo Manzano sitúa este pacto dentro de un contexto más amplio de acuerdos de sometimiento, evitando tratarlo como una excepción aislada. ehumanista.ucsb.edu. El interés de esa continuidad puede explicarse sin atribuir intenciones que no conocemos. Para gobernar, una fuerza conquistadora necesita información, recursos y personas capaces de hacer llegar sus órdenes. Sustituir de inmediato a todos los intermediarios puede destruir capacidades que pretende aprovechar.
Desde la posición del notable, pactar permitía intentar preservar bienes, influencia y protección. Pero conservar una función no equivalía a mantener intacto el poder anterior. Su ejercicio quedaba condicionado por una autoridad superior que podía exigir prestaciones y valorar su cumplimiento. El beneficio particular aparece aquí unido a una función pública de mediación. Precisamente por eso debe examinarse con atención. Que un dirigente evitara daños a su población no excluye que defendiera también su patrimonio. Que protegiera sus intereses tampoco demuestra que el acuerdo careciera de ventajas colectivas.
Las estipulaciones económicas combinan una entrega anual de un dinar con cantidades de productos agrícolas. Las versiones y sus traducciones no coinciden completamente en las medidas ni en la identificación de algunos términos. Alberto Canto ha estudiado estas obligaciones dentro de las condiciones monetarias de la época y ha señalado la necesidad de matizar su lectura económica. ehumanista.ucsb.edu. No disponemos de información suficiente para calcular con precisión qué proporción de los recursos de cada hogar absorbían esas prestaciones. Faltan datos comparables sobre producción, reservas y distribución efectiva de las cargas. Convertir el tributo en una cifra moderna daría una sensación de exactitud difícil de justificar.
Sí podemos formular las preguntas necesarias. ¿Quién reunía el dinero? ¿Cómo se distribuían las entregas? ¿Qué ocurría si una cosecha resultaba insuficiente? ¿Quién respondía por el incumplimiento? El texto del acuerdo no contesta todo eso. La diferencia entre lo estipulado y lo efectivamente cobrado constituye un problema histórico propio. Conocer una obligación escrita no equivale a conocer su aplicación anual.
También conviene evitar una comparación automática con la fiscalidad visigoda. Para afirmar que una comunidad pagó más o menos después de la conquista habría que disponer de información anterior y posterior suficientemente homogénea. Sin esa base, la prudencia consiste en describir la carga conocida y reconocer lo que ignoramos.
El pacto lleva el nombre del dirigente con quien se concertó. Ese hecho puede inducirnos a contemplar el territorio desde su posición. Sin embargo, las garantías familiares y las prestaciones materiales afectaban a personas cuya voz apenas aparece. No sabemos cómo valoraron el acuerdo los distintos grupos sometidos ni qué margen tuvieron para influir en sus condiciones. La ausencia de sus opiniones no demuestra conformidad. Tampoco permite inventar una resistencia general. Esta limitación documental debe incorporarse al argumento. Una historia del poder no puede afirmar que conoce la experiencia de los gobernados porque conoce las decisiones de sus dirigentes. Puede estudiar lo que se les exigía, señalar quién negociaba en su nombre y reconocer que sus expectativas permanecen, en gran medida, fuera de nuestro alcance.
La diferencia es importante. Explicar una capitulación como decisión razonable para un aristócrata no basta para establecer que fue igualmente ventajosa para todas las personas comprendidas en ella. Las garantías relativas al culto indican que la sumisión no exigía una conversión inmediata. Pero proteger unas prácticas religiosas tampoco equivalía a reconocer una igualdad política entre conquistadores y sometidos.
Desde el punto de vista institucional, importa distinguir la continuidad de una comunidad religiosa de la conservación de todas las atribuciones de sus dirigentes. Un templo podía seguir utilizándose mientras cambiaban las condiciones políticas de su entorno. La protección del culto no asegura, por sí sola, la permanencia de cada propiedad o de cada facultad anterior. El caso tampoco permite atribuir una conducta uniforme al episcopado peninsular. Para examinar la actuación de un obispo o de una sede concreta hacen falta testimonios propios. La pertenencia a una institución no sustituye la investigación de sus decisiones.
La cuestión decisiva consiste en observar cómo se redefinían las relaciones entre autoridad política, práctica religiosa y recursos. El pacto ofrece una ventana sobre ese proceso, pero no un reglamento completo aplicable sin cambios a toda la Península.
La arqueología ha ampliado el estudio del sureste más allá de las cláusulas transmitidas. Sonia Gutiérrez Lloret ha relacionado el pacto con la evolución del poblamiento, las realidades urbanas y las transformaciones fiscales y agrícolas vinculadas al asentamiento de nuevos grupos durante el siglo VIII. Su investigación muestra la necesidad de estudiar el territorio como una realidad cambiante. ehumanista.ucsb.edu. Un acuerdo de 713 no congelaba indefinidamente las relaciones sociales. Su aplicación quedaba inserta en acontecimientos posteriores y en la capacidad efectiva de cada autoridad para sostener sus pretensiones.
Esa perspectiva evita confundir la fecha de una capitulación con el final de una transformación. La rendición podía resolver un enfrentamiento inmediato y abrir, a la vez, una etapa de ajustes. Para seguirla necesitamos combinar documentos, objetos y secuencias arqueológicas. También obliga a distinguir entre cambios de distinta naturaleza. Una modificación en los usos de un edificio no explica por sí sola una conversión religiosa; la continuidad de un asentamiento tampoco demuestra que sus habitantes conservaran las mismas obligaciones.
Los dinares bilingües de 716–717 constituyen un testimonio material especialmente expresivo. Incorporan inscripciones latinas y árabes y documentan el nombre de al-Ándalus en las primeras emisiones del nuevo dominio. El Museo Arqueológico Nacional los presenta como documentos oficiales fundamentales para conocer los comienzos de la historia andalusí. Ministerio de Cultura. Una moneda permite reconocer una autoridad que se anuncia mediante objetos destinados a circular. Su valor histórico reside tanto en su uso económico como en aquello que declara.
El bilingüismo tampoco debe convertirse automáticamente en una imagen de armonía cultural. Informa sobre una elección concreta de representación y comunicación. Para conocer sus significados sociales debemos situarlo junto a otros testimonios. En relación con los pactos, las monedas ayudan a observar dos escalas del mismo proceso: la negociación local y la afirmación de una soberanía más amplia.
La tradición sobre Teodomiro incorporó relatos de astucia, entre ellos el de mujeres presentadas en las murallas como guerreros para aparentar una defensa mayor. Eva Lapiedra ha estudiado las variaciones y la transmisión de esas narraciones. Su atractivo no las convierte en episodios comprobados. ehumanista.ucsb.edu
Separar esas historias del núcleo documental permite valorar mejor el acuerdo. Su relevancia no depende de una estratagema memorable. Reside en mostrar cómo la amenaza de violencia podía convertirse en obligaciones duraderas y cómo un dirigente conservaba margen de actuación aceptando una autoridad superior. La conquista produjo una ruptura política y abrió posibilidades de continuidad para determinados poderes locales. Ambas cosas pudieron suceder al mismo tiempo. Lo que debemos investigar es quién conservó capacidad de decidir, bajo qué condiciones y a costa de qué obligaciones.
El pacto de Teodomiro no proporciona todas las respuestas. Ofrece algo más útil que una explicación cerrada: condiciones concretas que pueden analizarse y límites documentales que deben respetarse. A través de ellos se reconoce una de las operaciones fundamentales del poder: transformar una victoria militar en una relación estable de obediencia.
Fuentes y bibliografía esencial
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Franco-Sánchez, Francisco: «El tratado de Teodomiro en su contexto histórico y paleográfico», eHumanista/IVITRA, 5, 2014, pp. 312–348. Incluye textos árabes, traducciones y análisis de su transmisión.
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Manzano Moreno, Eduardo: «La transmisión textual sobre Teodomiro», eHumanista/IVITRA, 5, 2014, pp. 243–261.
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Canto García, Alberto J.: «El Pacto de Tudmîr: aspectos económicos», eHumanista/IVITRA, 5, 2014, pp. 370–391.
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Gutiérrez Lloret, Sonia: «La materialidad del Pacto de Teodomiro a la luz de la arqueología», eHumanista/IVITRA, 5, 2014, pp. 262–288.
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Lapiedra Gutiérrez, Eva: «La leyenda de Teodomiro y su transmisión textual a lo largo de la historia», eHumanista/IVITRA, 5, 2014, pp. 349–369.
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Museo Arqueológico Nacional: «El dinar. Nuevas monedas para el nuevo poder andalusí», recorrido temático Del dracma al euro.
Sebastián Arias. Punto y Seguido