La adquisición de Divibib, empresa responsable de Onleihe, por la estadounidense OverDrive promete una plataforma más amplia y eficaz. También plantea preguntas ineludibles sobre privacidad, autonomía bibliotecaria, diversidad cultural, licencias y dependencia tecnológica.
El préstamo digital suele presentarse como una prolongación natural de la biblioteca pública: el mismo servicio, trasladado a una pantalla. Sin embargo, entre el lector y el libro ya no se encuentran únicamente la biblioteca, el catálogo y el personal bibliotecario. Intervienen plataformas tecnológicas, sistemas de identificación, licencias temporales, mecanismos de protección, servidores remotos y algoritmos que ordenan la oferta. Por eso, cuando una de esas plataformas cambia de propietario, no estamos ante una operación empresarial cualquiera. Cambia una parte de la infraestructura mediante la cual los ciudadanos acceden a la cultura.
El 11 de agosto de 2026, OverDrive anunció la adquisición de divibib GmbH, filial del grupo alemán ekz y responsable de Onleihe, uno de los principales servicios de préstamo digital de las bibliotecas públicas de Alemania, Austria, Suiza y otras comunidades germanohablantes. La operación prevé que las bibliotecas y los usuarios de Onleihe migren progresivamente a Libby, la aplicación de lectura de OverDrive. La compañía asegura que se mantendrán la sede de Reutlingen, los equipos de atención local y la continuidad del servicio durante la transición. También promete reunir en una sola plataforma los catálogos alemanes e internacionales de ambas empresas. El anuncio oficial no comunica, sin embargo, el precio de la operación ni establece un calendario completo para la migración.
La adquisición afecta de manera inmediata al espacio germanohablante, no al conjunto de las bibliotecas españolas. Su importancia europea es, no obstante, indudable. Onleihe funciona desde 2007 y ha tejido durante casi dos décadas relaciones con bibliotecas, consorcios regionales, editoriales y lectores. OverDrive, por su parte, ya trabaja con más de seiscientas instituciones en Alemania, Austria y Suiza y afirma haber gestionado allí cerca de diez millones de préstamos digitales durante 2025. La unión concentra en un mismo proveedor una parte considerable del acceso bibliotecario digital en la región.
Conviene evitar dos reacciones apresuradas. La primera consistiría en celebrar la operación como si una aplicación más cómoda resolviera por sí sola los problemas del préstamo electrónico. La segunda, en considerar inevitable que la adquisición perjudique a bibliotecas y lectores. Ninguna de las dos posiciones está suficientemente justificada. Libby dispone de una interfaz generalmente bien valorada, permite reunir carnés de distintas bibliotecas, sincronizar la lectura y escuchar audiolibros con relativa sencillez. La integración puede reducir duplicidades técnicas, ampliar la oferta internacional y facilitar el acceso a personas poco familiarizadas con los procedimientos del préstamo digital. La escala de OverDrive también puede aportar capacidad de desarrollo, seguridad y mantenimiento que resultaría costosa para un operador de menor tamaño. Pero la escala no es neutral. Una plataforma que reúne tecnología, distribución, estadísticas de uso, gestión de licencias, sistemas de recomendación y relaciones con los editores adquiere una posición difícil de sustituir. Cuanto más sencilla resulte para el usuario, más compleja puede ser para una biblioteca la posibilidad de abandonarla. La comodidad inmediata no debe ocultar el coste futuro de la dependencia.
OverDrive pertenece desde 2020 a la firma de inversión KKR. Este hecho no desacredita por sí mismo el servicio ni permite anticipar decisiones perjudiciales, pero modifica el marco de responsabilidad: una infraestructura cultural sostenida con fondos públicos queda vinculada a una empresa privada estadounidense respaldada por capital de inversión. Las bibliotecas deben valorar, por tanto, no solo la calidad actual de Libby, sino su capacidad de conservar autonomía ante futuros cambios de precios, licencias, políticas de datos o estrategia empresarial.
La confidencialidad lectora forma parte de la libertad intelectual. Conocer qué libros consulta una persona, qué pasajes subraya, cuánto tarda en leerlos o qué asuntos busca permite deducir intereses políticos, religiosos, profesionales, médicos o íntimos. Una biblioteca no puede tratar esos datos como si fueran simples métricas comerciales. La declaración de privacidad de Libby afirma que la aplicación no vende información personal, no utiliza los datos identificativos para publicidad de terceros y no comparte el historial de préstamo. Al mismo tiempo, reconoce que puede almacenar la dirección IP, las credenciales bibliotecarias necesarias, el historial de préstamos, el progreso de lectura, los marcadores, los subrayados y las notas para prestar y sincronizar el servicio. También incorpora modelos de inteligencia artificial generativa para ofrecer recomendaciones a petición del usuario, aunque asegura que no les facilita datos identificativos ni información sobre su actividad en Libby.
El punto más delicado aparece en el aviso europeo de privacidad de OverDrive. La empresa identifica como responsable del tratamiento a OverDrive Inc., domiciliada en Ohio, y señala que utiliza proveedores de nube como AWS y Azure, establecidos en Estados Unidos. Añade que no ofrece la posibilidad de alojar esos datos en otra ubicación. Esto no supone automáticamente un incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, pero obliga a las bibliotecas a examinar las transferencias internacionales, las garantías contractuales, los plazos de conservación y el acceso de los proveedores. Antes de la migración debería publicarse una evaluación de impacto sobre la protección de datos. Los lectores necesitan saber qué información se trasladará desde Onleihe, qué historiales desaparecerán o se conservarán, dónde serán tratados, durante cuánto tiempo y con qué procedimientos podrán solicitar su eliminación. También debe existir una modalidad de uso basada en la mínima identificación posible, sin que la aceptación de funciones de personalización sea condición para acceder al préstamo público.
La promesa de un catálogo combinado resulta atractiva. Más títulos, idiomas y formatos pueden mejorar el servicio. Sin embargo, el tamaño de una colección no determina por sí solo su diversidad. Un catálogo puede contener miles de obras locales y hacerlas prácticamente invisibles mediante el orden de los resultados, las recomendaciones automáticas, las campañas destacadas o una clasificación pensada para mercados de mayor tamaño. Las bibliotecas no son escaparates pasivos. Seleccionan, contextualizan, preservan y relacionan los libros con una comunidad concreta. En sus fondos deben encontrar espacio las editoriales independientes, los autores regionales, las lenguas minoritarias, la producción académica local y las obras de circulación modesta que ninguna lógica de consumo masivo situaría en primer plano.
La migración a Libby tendrá que garantizar que cada biblioteca conserve la capacidad de decidir qué compra, qué destaca y cómo organiza sus colecciones. Los criterios de recomendación deberían ser comprensibles y permitir la intervención del personal bibliotecario. La incorporación de inteligencia artificial no puede convertir el historial de popularidad en árbitro de la relevancia cultural. Una plataforma global debe adaptarse al catálogo local, no obligar al catálogo local a comportarse como un mercado global. En el mundo impreso, una biblioteca compra un ejemplar y lo incorpora a su patrimonio. En el entorno digital, con frecuencia adquiere una licencia sometida a límites de tiempo, número de préstamos o modalidades de acceso. El propio mercado de OverDrive contempla fórmulas como un ejemplar para un usuario, acceso medido, uso simultáneo o pago por préstamo. La biblioteca no siempre posee el archivo ni puede trasladarlo libremente a otro sistema.
Por ello, la cuestión principal no es solo cuántos títulos ofrecerá la plataforma unificada, sino bajo qué condiciones. Debe aclararse si todas las licencias contratadas por las bibliotecas de Onleihe conservarán su duración, número de usos y precio; qué sucederá con las reservas, listas, registros y presupuestos ya comprometidos; y si los fondos podrán trasladarse a otro proveedor en caso de finalizar el contrato. Sin portabilidad efectiva, cada inversión aumenta el coste de salida y fortalece el encierro tecnológico. Los contratos públicos deberían exigir la exportación de catálogos, metadatos, estadísticas y configuraciones en formatos interoperables; interfaces abiertas para comunicarse con los sistemas bibliotecarios; continuidad de las licencias adquiridas; y un plan de reversibilidad que permita cambiar de plataforma sin perder colecciones ni interrumpir el servicio.
Lo que Europa debe exigir
Desde HOJAS SUELTAS consideramos que esta adquisición debe examinarse con serenidad, pero también con vigilancia. Las bibliotecas y las administraciones europeas deberían exigir, antes de completar la migración, cinco garantías fundamentales: transparencia contractual y tarifaria; protección reforzada de los datos de lectura; conservación de las licencias y de las inversiones realizadas; autonomía para construir y presentar los catálogos locales; e interoperabilidad suficiente para evitar que la salida del proveedor resulte técnica o económicamente imposible. También sería razonable establecer una supervisión independiente durante la transición, con representación de bibliotecas, asociaciones profesionales, autoridades de protección de datos, editores y usuarios. Las incidencias, modificaciones de precios, desapariciones de títulos y cambios en la política de privacidad deberían publicarse de forma comprensible.
El debate no consiste en enfrentar tecnología estadounidense y cultura europea mediante un reflejo defensivo. Consiste en decidir quién gobierna una infraestructura financiada por instituciones públicas y destinada a ejercer un derecho cultural. Europa necesita empresas capaces de innovar, pero también normas, contratos y alternativas que impidan entregar a un solo intermediario las llaves del acceso digital.
Una biblioteca puede contratar una plataforma; no debe cederle su criterio, sus lectores ni la memoria de sus colecciones. El préstamo digital europeo cambia de dueño. Lo que no puede cambiar de dueño es su finalidad pública.
© Valentín Castro