Las academias y el deseo de ordenar la lengua

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Punto y Seguido - Beatriz Caso
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La fundación de la Real Academia Española convirtió el estudio del idioma en una empresa colectiva, pero también otorgó a una minoría el poder de decidir qué usos merecían reconocimiento

En el Madrid de 1713, un grupo de eruditos comenzó a reunirse en la casa de Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena. Su propósito no era crear la lengua española, que poseía ya una extensa tradición literaria, sino ordenar sus palabras, documentar sus usos y reducir la diversidad ortográfica. Aquel proyecto produjo diccionarios, gramáticas y normas comunes; también abrió una discusión todavía vigente: quién posee autoridad sobre un idioma que pertenece a quienes lo hablan.

Tras varias reuniones preparatorias celebradas en junio, el 6 de julio de 1713 tuvo lugar en la residencia madrileña del marqués de Villena la primera junta oficial de la nueva corporación. Los estatutos posteriores señalaron que aquel día se inscribieron los ocho académicos fundadores. El primer libro de actas conservado comienza, sin embargo, el 3 de agosto, fecha que durante mucho tiempo se tomó como inicio de la actividad académica.

La institución nació como una iniciativa particular. En agosto, Fernández Pacheco solicitó la protección de Felipe V. El rey la concedió mediante una cédula expedida en El Pardo el 3 de octubre de 1714. La Academia quedó así bajo el «amparo y Real Protección» de la Corona y sus miembros recibieron los privilegios correspondientes a los criados de la Casa Real. La regulación del idioma adquiría una autoridad vinculada directamente al poder monárquico. La documentación institucional permite distinguir entre la fundación de 1713 y su reconocimiento oficial en 1714.

Antes de la Academia

El castellano no carecía de instrumentos lingüísticos. Antonio de Nebrija había publicado en 1492 su Gramática de la lengua castellana, y Sebastián de Covarrubias, el Tesoro de la lengua castellana o española en 1611. Tampoco faltaban ortografías, vocabularios y tratados particulares. Lo que no existía era una institución estable encargada de reunir esos saberes y convertirlos en una referencia común.

La imprenta había ampliado la circulación de los textos, pero también hacía visibles las vacilaciones ortográficas y las diferencias entre autores, regiones e impresores. En una monarquía extendida por varios continentes, compartir criterios escritos tenía utilidad educativa, editorial, administrativa y diplomática.

Modelos europeos y trabajo colectivo

La iniciativa seguía modelos anteriores. La Accademia della Crusca, fundada en Florencia en 1583, había publicado su Vocabolario en 1612. La Academia Francesa, reconocida por Luis XIII en 1635, concluyó la primera edición de su diccionario en 1694. Ambas mostraban que una lengua vernácula podía recibir un tratamiento institucional semejante al reservado durante siglos al latín. La Academia española llegó incluso a solicitar información y estatutos a la corporación florentina. La relación documental entre ambas instituciones ha sido estudiada a partir de los manuscritos conservados.

El marqués de Villena impulsó el proyecto, pero no trabajó solo. Entre los primeros académicos hubo historiadores, religiosos, bibliotecarios reales, juristas y hombres próximos a los novatores, defensores de la renovación científica e intelectual. La empresa dependió del reparto de letras, la lectura de libros, la elaboración de fichas y la discusión colectiva de cada definición.

La primera gran tarea fue el Diccionario de la lengua castellana, conocido como Diccionario de autoridades. Sus seis tomos aparecieron entre 1726 y 1739. Las palabras no se presentaban únicamente acompañadas de una definición: incluían pasajes de escritores que acreditaban su empleo. Cervantes, Quevedo, Lope de Vega y otros autores proporcionaban ejemplos, aunque también se recogían refranes y expresiones de uso extendido. La obra fue el primer gran repertorio académico del español sustentado en testimonios textuales.

El procedimiento encerraba una doble operación. Por una parte, documentaba la lengua mediante ejemplos; por otra, seleccionaba qué escritores podían actuar como autoridades. El diccionario describía un patrimonio verbal, pero al mismo tiempo construía un canon.

A este repertorio siguieron la Orthographía española de 1741 y la primera Gramática de la lengua castellana de 1771. Las tres obras proporcionaron instrumentos duraderos a impresores, docentes, escritores y lectores. No eliminaron de inmediato las variantes, pero favorecieron una creciente uniformidad en la lengua escrita.

Los estatutos de 1715 declaraban que el fin de la Academia era «cultivar y fijar la pureza y elegancia de la lengua castellana». Ese deseo quedó representado en el lema elegido aquel mismo año: «Limpia, fija y da esplendor». Sin embargo, ninguna institución puede inmovilizar un idioma. Las palabras nacen, cambian de significado, viajan entre territorios y desaparecen con independencia de los acuerdos académicos. La Academia podía seleccionar, registrar y recomendar; no podía impedir que el uso modificase la lengua. Su influencia procedió menos de una capacidad legal para imponer palabras que del prestigio alcanzado por sus publicaciones. El diccionario terminó convirtiéndose para buena parte de la sociedad en una frontera simbólica entre lo correcto y lo incorrecto, aunque la ausencia de una voz nunca significó necesariamente que esa palabra no existiera.

La primera Academia representaba un espacio masculino, culto, cortesano y próximo a la Corona. Las mujeres, pese a participar en tertulias y en la vida literaria, quedaron fuera de las plazas ordinarias. María Isidra de Guzmán fue admitida como académica honoraria en 1784, pero hubo que esperar hasta 1978 para que Carmen Conde fuera elegida primera académica de número; ingresó al año siguiente. La propia historia institucional acredita la prolongación de esta exclusión.

También resultaba limitada su representación territorial. La lengua regulada era el castellano, no el conjunto de lenguas habladas en España. Las variedades regionales y americanas aparecieron en sus obras de manera desigual, sometidas con frecuencia al criterio elaborado desde Madrid. La creación de una norma común facilitó la comunicación escrita, pero pudo convertir las hablas populares o periféricas en formas consideradas inferiores.

El principal logro de aquellas reuniones fue transformar la observación de la lengua en una tarea continuada, colectiva y documentada. La Academia ayudó a estabilizar la ortografía, facilitó la enseñanza y creó obras de consulta capaces de atravesar generaciones. Pero su historia demuestra también que toda norma lingüística contiene decisiones culturales: determina qué se conserva, qué se recomienda y qué permanece fuera.

La fundación en México, en 1951, de la Asociación de Academias de la Lengua Española inició una lenta corrección del antiguo centralismo. Actualmente reúne veintitrés corporaciones de España, América, Filipinas y Guinea Ecuatorial, y las principales obras académicas se presentan como trabajos panhispánicos. La evolución hacia esa colaboración no se consolidó hasta el siglo XX.

La reunión de 1713 no entregó la lengua a sus hablantes: ya les pertenecía. Lo que creó fue una autoridad especializada para estudiarla y proponer acuerdos. Su legitimidad depende desde entonces de un equilibrio difícil: ordenar sin confundir orden con obediencia, reconocer el uso sin ignorar la diversidad y recordar que ninguna academia habla antes que la sociedad.

Fuentes y referencias

Etiquetas: Real Academia Española, historia de la lengua, Diccionario de autoridades, norma lingüística, academias europeas, política cultural

Meta descripción: La fundación de la Real Academia Española y la relación histórica entre norma, uso común, autoridad institucional, diversidad lingüística y poder.

Punto y Seguido. BEATRIZ CASO