La Mostra de Venecia afronta una vieja disyuntiva renovada por Gaza: preservar el cine como espacio abierto o exigir a las instituciones culturales una posición ética

La pregunta incómoda

Dentro de pocos días, las cámaras volverán a apuntar hacia el Lido de Venecia. Habrá alfombras rojas, embarcaciones privadas, vestidos de gala, estrenos mundiales y declaraciones sobre la capacidad del cine para interpretar nuestro tiempo. Sin embargo, mientras se prepara esa liturgia, más de doscientos cineastas, intérpretes, escritores y trabajadores culturales han formulado una pregunta difícil de eludir: ¿para qué sirve mirar si aquello que contemplamos no modifica nuestra conducta?

La cuestión no consiste en exigir que cada película se convierta en un manifiesto ni que cada actor responda por las decisiones de un Gobierno. El conflicto es más profundo: ¿puede una institución cultural internacional presentarse como territorio neutral cuando su programación, sus patrocinadores, sus acuerdos y sus silencios participan también en la construcción de prestigio político?

La neutralidad puede proteger el diálogo. Pero también puede servir para aplazar indefinidamente cualquier responsabilidad. Y no toda declaración ética garantiza la justicia: algunas terminan imponiendo adhesiones obligatorias, castigando disidencias o confundiendo a los ciudadanos de un país con el poder que los gobierna.

El caso concreto

La 83.ª Mostra Internacional de Arte Cinematográfico de Venecia se celebrará entre el 2 y el 12 de septiembre de 2026. La propia organización define su finalidad como la promoción del cine internacional dentro de un espíritu de «libertad y diálogo». No es una expresión secundaria: libertad y diálogo son precisamente las palabras que ahora se disputan las posiciones enfrentadas. La Biennale di Venezia.

El colectivo Venice4Palestine ha dirigido una carta abierta a la Bienal, a la Mostra y a los profesionales de la cultura. Entre sus firmantes figuran Annie Ernaux, Roger Waters, Matteo Garrone, Guy Pearce, Céline Sciamma, Nan Goldin, Isabel Coixet, Greta Scarano, los cineastas palestinos Arab y Tarzan Nasser y el director israelí Eyal Sivan.

La petición no se limita a reclamar una condena verbal. Solicita transparencia en la financiación, las coproducciones, los acuerdos de distribución, los patrocinadores y las relaciones de los festivales con instituciones vinculadas al Gobierno israelí. También propone suspender esos acuerdos, crear mecanismos que protejan profesionalmente a quienes adopten una posición pública y hacer ondear la bandera palestina durante el certamen, junto a las correspondientes a las películas seleccionadas. El 8 de septiembre, sus promotores celebrarán en el Lido un encuentro dedicado a transformar la solidaridad cultural en actuaciones concretas. Carta completa de Venice4Palestine.

La programación introduce, sin embargo, un elemento que impide reducir el conflicto a dos bloques nacionales. Venecia proyectará dos películas palestinas: Al Mowaten Osama, de Ahmed Hassouna, y Hiwar ma’ albahr, de Muayad Alayan. Además, ha incorporado a la competición oficial NAZA, de los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, codirectores de No Other Land. Será el único documental entre las veintiuna películas que competirán por el León de Oro y, según la sinopsis difundida por la organización, investiga el sistema utilizado para calcular y aceptar la muerte de civiles palestinos durante los bombardeos israelíes. Información oficial sobre NAZA.

El término «genocidio», empleado por los promotores de la carta, debe tratarse con precisión. Israel rechaza esa acusación y sostiene que su campaña militar persigue a Hamás después de los asesinatos y secuestros del 7 de octubre de 2023. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas concluyó en 2025 que se habían cometido actos constitutivos de genocidio y reiteró sus acusaciones en junio de 2026. La Corte Internacional de Justicia, por su parte, mantiene abierto el procedimiento iniciado por Sudáfrica y todavía no ha dictado una sentencia definitiva sobre el fondo. Comisión de Investigación de la ONU, Corte Internacional de Justicia.

Lo que está en juego

Un festival no es solamente una sucesión de proyecciones. Selecciona unas películas y descarta otras; concede premios; acredita a determinados medios; invita a figuras públicas; acepta patrocinadores y ofrece a productoras, plataformas y Gobiernos una visibilidad internacional de enorme valor. La alfombra roja no es un Parlamento, pero tampoco es un espacio vacío de poder.

Por eso resulta engañoso sostener que una institución cultural carece de posición política. La programación ya constituye una lectura del mundo. La concesión de un premio, la elección de una película inaugural o la aceptación de un pabellón nacional son decisiones culturales con consecuencias simbólicas, industriales y, en ocasiones, diplomáticas.

España conoce bien esta tensión. La gala de los Premios Goya de 2003 quedó vinculada al «No a la guerra» contra la invasión de Irak. Aquella noche no destruyó la libertad del cine español ni obligó a todas las personas presentes a compartir la misma opinión. Demostró que una celebración cultural podía conservar su naturaleza artística y convertirse, al mismo tiempo, en espacio de conciencia pública.

También existe el precedente del boicot cultural contra el apartheid sudafricano. Las Naciones Unidas alentaron durante años las campañas culturales, académicas y deportivas contra aquel régimen. Su eficacia no procedía de una película o un concierto aislados, sino de la acumulación de gestos que privaron al Gobierno sudafricano de normalidad y reconocimiento exterior. Sin embargo, ese antecedente no puede trasladarse mecánicamente a cualquier conflicto. Toda sanción cultural necesita objetivos definidos, criterios verificables y límites que impidan convertir el compromiso en persecución.

Dos posiciones enfrentadas

Quienes defienden la neutralidad institucional sostienen que los festivales deben proteger la circulación de las obras, no actuar como tribunales internacionales. Una dirección artística carece de medios y legitimidad para determinar qué productora, archivo, escuela o distribuidora es suficientemente independiente de un Gobierno. Si esa tarea se realiza mediante acusaciones públicas, listas informales o campañas en las redes sociales, el resultado puede ser arbitrario.

Este argumento adquiere especial importancia en Israel, donde una parte considerable del cine depende de fondos e instituciones públicas. Directores, guionistas y productores israelíes han advertido de que el boicot institucional puede perjudicar precisamente a quienes critican al Gobierno, defienden los derechos de los palestinos o documentan los abusos militares. La Asociación de Productores Israelíes calificó de contraproducente el boicot impulsado en 2025 porque, a su juicio, debilita a un sector que ha producido numerosas obras críticas. Reacción de los profesionales israelíes.

NAZA demuestra la fuerza de esta objeción. Sus responsables son israelíes y su película denuncia la muerte de civiles palestinos. Si un festival juzgara las obras únicamente por la nacionalidad de sus autores, este documental podría quedar excluido. El cine perdería entonces una de sus capacidades esenciales: quebrar la obediencia nacional y permitir que una sociedad se mire desde sus propias contradicciones.

Los partidarios de una intervención más firme responden que nadie reclama castigar una identidad. La carta de Venice4Palestine insiste en que el objetivo deben ser las instituciones relacionadas con el Gobierno y los mecanismos económicos que contribuyen a normalizar sus políticas. Desde esta perspectiva, una coproducción oficial, una retrospectiva financiada por un ministerio o un acuerdo con una entidad propagandística no pueden considerarse equivalentes al trabajo individual de un cineasta.

También recuerdan que la apelación al diálogo puede convertirse en una coartada. Invitar a una película palestina, escuchar un testimonio y guardar un minuto de silencio no responde por sí solo a la pregunta sobre quién financia el festival ni sobre qué instituciones obtienen legitimidad gracias a él. La emoción provocada por una obra puede terminar reducida a una experiencia estética que tranquiliza al espectador sin alterar ninguna relación de poder.

Esta posición posee una fuerza moral evidente: ante la destrucción y la muerte masiva de civiles, la cultura no debería actuar como si la tragedia perteneciese a un mundo exterior. Su debilidad aparece cuando no fija criterios universales. Si se examinan los vínculos con un Gobierno acusado de graves violaciones, debería explicarse por qué se aplican —o no se aplican— las mismas exigencias a otros Estados, patrocinadores y empresas relacionados con guerras, dictaduras o persecuciones.

La lectura de Hojas Sueltas

Un festival cultural no puede declararse neutral en sentido estricto. Puede ser independiente, plural y abierto, pero cada una de sus decisiones produce significado. La neutralidad absoluta no existe cuando se administran visibilidad, prestigio y dinero.

Eso no significa que la Mostra deba exigir declaraciones políticas a los participantes ni excluir a creadores israelíes. La responsabilidad individual no puede deducirse de un pasaporte. Convertir la nacionalidad en sospecha destruiría la libertad artística que se pretende defender y podría reforzar el aislamiento de quienes combaten desde dentro las políticas de su Gobierno.

La obligación razonable de Venecia debería desarrollarse en tres direcciones. La primera es la transparencia: publicar sus acuerdos institucionales, fondos, patrocinadores y coproducciones relacionadas con Estados implicados en conflictos. La segunda es establecer criterios permanentes para evaluar la colaboración con organismos gubernamentales que participen directamente en propaganda, censura o encubrimiento de violaciones graves. La tercera consiste en garantizar espacio, protección y visibilidad a los creadores palestinos sin convertirlos en figuras testimoniales convocadas únicamente para hablar de su sufrimiento.

Hacer ondear la bandera palestina junto a las correspondientes a las películas seleccionadas parece un gesto proporcionado. No solucionará la guerra, pero reconocerá una presencia cultural que demasiado a menudo aparece sin Estado, sin archivo y sin protección. Mayor importancia tendría que la Bienal respondiese públicamente a las preguntas sobre su cadena de financiación y explicase con qué criterios acepta o rechaza sus colaboraciones.

La cultura no sustituye a la diplomacia ni a los tribunales. Tampoco detiene por sí sola los bombardeos. Pero puede contribuir a retirar la apariencia de normalidad con la que los poderes desean presentarse ante el mundo. Su responsabilidad no consiste en dictar sentencia, sino en evitar que la belleza sea utilizada para ocultar aquello que preferimos no mirar. Venecia no necesita convertirse en un tribunal político. Necesita asumir que toda institución que invita al mundo a mirar adquiere también la obligación de explicar desde dónde mira, con quién colabora y qué decide no ver.

La recomendación relacionada con este pleito es No Other Land, dirigida por Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham y Rachel Szor. El documental, construido mediante la colaboración entre cineastas palestinos e israelíes, muestra la expulsión progresiva de comunidades palestinas de Masafer Yatta, en Cisjordania. La obra permite comprender por qué la distinción entre Gobiernos, instituciones y personas resulta imprescindible. Sus autores no disuelven sus diferencias nacionales ni convierten el conflicto en una reconciliación sentimental. Trabajan juntos para documentar una realidad que el poder preferiría mantener fuera de campo. Ahí reside quizá la respuesta más convincente al pleito: el cine debe conservar abiertas las puertas del diálogo, pero no para contemplar cómodamente la injusticia, sino para hacerla visible y obligarnos a responder ante ella.

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© ANDRÉS LÓPZ – Punto y Seguido