La Ilustración y la cultura útil

Por
Valentín Castro
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Las Sociedades Económicas de Amigos del País convirtieron el conocimiento en un instrumento de reforma, aunque sus beneficios no alcanzaron por igual a toda la sociedad

El 9 de noviembre de 1775, Carlos III aprobó los estatutos de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Aquella institución no pretendía limitarse a discutir ideas: debía estudiar la agricultura, promover los oficios, mejorar la enseñanza y difundir conocimientos prácticos. Su creación resume una aspiración característica de la Ilustración española: poner la cultura al servicio de la prosperidad pública. También permite observar sus contradicciones, pues el propósito reformador convivió con el absolutismo, la censura y una participación social muy restringida.

La Real Cédula expedida en San Lorenzo de El Escorial el 9 de noviembre de 1775 otorgó reconocimiento oficial a la Sociedad Económica Matritense. El nuevo organismo reunía a nobles, eclesiásticos, funcionarios y propietarios dispuestos a colaborar con las reformas impulsadas durante el reinado de Carlos III. Su lema, «Socorre enseñando», condensaba una idea esencial: la asistencia no debía reducirse a la limosna, sino proporcionar conocimientos y medios de trabajo.

La institución se organizó para estudiar la agricultura, la industria, los oficios y la educación. Convocó premios, examinó proyectos, promovió escuelas y elaboró informes dirigidos a la Administración. El conocimiento dejaba así de presentarse únicamente como erudición y pasaba a justificarse por su capacidad para intervenir en los problemas del país.

La Matritense no fue el comienzo absoluto de este movimiento. La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País había nacido en 1764 a partir de las reuniones celebradas en torno a Xavier María de Munibe, conde de Peñaflorida, y fue aprobada al año siguiente. Sus actividades se distribuyeron entre agricultura, ciencias y artes útiles, industria, comercio, política y buenas letras. El modelo vasco demostró que una asociación de élites locales podía reunir información, realizar experimentos y promover enseñanzas adaptadas a las necesidades de un territorio.

Durante el siglo XVIII, las monarquías europeas comprendieron que la riqueza y la fortaleza del Estado dependían también de la educación, la producción y la circulación del conocimiento. En España, esta preocupación respondía a carencias concretas: baja productividad agraria, deficiencias en las comunicaciones, debilidad de algunas manufacturas, persistencia de métodos gremiales y desigual acceso a la enseñanza.

Pedro Rodríguez de Campomanes dio forma política a muchas de estas inquietudes en su Discurso sobre el fomento de la industria popular, publicado en 1774. Allí defendió la creación de sociedades provinciales capaces de conocer los recursos de cada territorio, introducir mejoras técnicas, traducir obras extranjeras y extender la instrucción práctica. Las imaginaba como lugares donde las propuestas pudieran someterse a observación, cálculo y experiencia.

La iniciativa formaba parte de un proceso más amplio. Las tertulias celebradas en casas aristocráticas o círculos privados facilitaban la conversación sobre libros, reformas y novedades europeas. La prensa amplió ese intercambio. Publicaciones como El Pensador, aparecida en 1762, o El Censor, editado entre 1781 y 1787, emplearon la crítica de costumbres para discutir la educación, los privilegios, la superstición y los abusos sociales. No constituían una esfera pública libre en sentido moderno, pero introdujeron nuevas materias en la conversación de los lectores.

Las Sociedades Económicas fueron instituciones civiles, aunque estuvieron estrechamente relacionadas con la Corona y la Administración. Campomanes esperaba que la nobleza provincial, el clero y las personas acomodadas dedicaran tiempo y recursos al estudio de los problemas locales. Los socios debían recopilar datos sobre cosechas y población, observar las actividades productivas, ensayar cultivos, mejorar telares y tintes, fomentar el dibujo aplicado a los oficios y publicar memorias.

Esta voluntad de convertir el saber en acción distinguía la denominada cultura útil. La agricultura, la botánica, la química, la mecánica y la economía adquirieron prestigio porque ofrecían instrumentos para aumentar la producción o remediar necesidades sociales. La enseñanza debía preparar para el trabajo y abandonar debates escolares considerados estériles por los reformadores.

La transformación, sin embargo, no se limitó a la economía. Al defender la observación, la comparación y el examen público de los proyectos, las sociedades introdujeron hábitos intelectuales que podían aplicarse a otros ámbitos. Bibliotecas, periódicos, memorias impresas y redes de correspondencia comunicaron experiencias entre distintas ciudades y acercaron a España —de manera selectiva— las novedades científicas y pedagógicas europeas.

La cultura ilustrada hablaba con frecuencia del pueblo, pero rara vez le concedía una intervención equivalente en las decisiones. Las Sociedades Económicas estaban dirigidas principalmente por hombres pertenecientes a grupos privilegiados. Campesinos, artesanos y trabajadores aparecían como beneficiarios de las reformas o como destinatarios de la instrucción, no como autores de los programas.

La participación femenina avanzó lentamente. En 1787 se creó dentro de la Matritense la Junta de Damas de Honor y Mérito, después de un debate sobre la admisión de mujeres. Sus integrantes administraron escuelas y establecimientos benéficos y se ocuparon de la educación y el trabajo de mujeres y niñas pobres. Fue una ampliación significativa de la presencia femenina en la vida pública, pero se produjo dentro de funciones consideradas compatibles con la condición social y moral atribuida entonces a las mujeres.

Las propias propuestas educativas revelaban otros límites. La enseñanza de hilados, tejidos y labores podía proporcionar destrezas e ingresos, pero también reforzaba una división del trabajo determinada por el sexo y la clase. La utilidad no significaba emancipación: con frecuencia perseguía disciplinar la pobreza, combatir la mendicidad y convertir a la población desocupada en mano de obra productiva.

El reformismo ilustrado encontró oposición en intereses gremiales, propietarios poco dispuestos a modificar sus prácticas, sectores eclesiásticos y autoridades locales. Muchas sociedades carecieron de recursos suficientes o dependieron del entusiasmo de un grupo reducido de socios. La distancia entre los informes y su aplicación efectiva fue considerable.

Existía, además, una contradicción política de fondo. Se fomentaba el espíritu crítico, pero no la libertad plena de discusión. La prensa estaba sometida a licencias y censura, y la Inquisición continuaba vigilando libros y autores. Las obras de Voltaire, Rousseau, Montesquieu y Diderot sufrieron prohibiciones o restricciones. También escritores españoles como Cadalso y Moratín tuvieron problemas con la censura. La circulación de las ideas ilustradas fue real, aunque controlada y desigual.

Tampoco debe confundirse la modernización con una transformación democrática. Las reformas se concebían desde una monarquía absoluta y buscaban fortalecer el Estado, incrementar sus recursos y hacer más productivos a sus súbditos. La cultura útil podía mejorar determinadas condiciones materiales, pero no cuestionaba necesariamente la jerarquía social ni la estructura política del Antiguo Régimen.

Las Sociedades Económicas se extendieron por numerosas ciudades y provincias. Algunas tuvieron una actividad breve; otras mantuvieron escuelas, bibliotecas, archivos y publicaciones durante décadas. Su principal aportación no consistió en resolver los grandes problemas económicos del país, sino en crear espacios estables donde observarlos, describirlos y debatir posibles soluciones. La prensa, las tertulias, las academias y los proyectos pedagógicos contribuyeron al surgimiento de una opinión crítica todavía limitada. A través de ellos se consolidó la idea de que el conocimiento debía circular, contrastarse y producir efectos en la sociedad.

La escena de 1775 muestra así la doble naturaleza de la Ilustración española. Fue un esfuerzo verdadero por educar, investigar y reformar, pero estuvo dirigido desde arriba y condicionado por las desigualdades y prohibiciones de su tiempo. Su legado más duradero quizá resida en una pregunta que no ha perdido vigencia: de qué sirve la cultura si sus beneficios no llegan a quienes más la necesitan.

Fuentes y referencias

Valentín Castro