El 23 de febrero de 1981, España vivió una de las jornadas más tensas y determinantes de su historia reciente. A las 18:23 horas, un grupo de guardias civiles encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados durante la segunda votación de investidura del candidato a la presidencia del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo. Armados y uniformados, los golpistas tomaron la Cámara Baja, secuestraron a los diputados y exigieron la instauración de un nuevo orden. Aquella imagen, transmitida en directo por Televisión Española hasta que se cortó la señal, quedó grabada en la memoria colectiva del país como símbolo del último coletazo del franquismo y del frágil equilibrio democrático que vivía entonces España.
Contexto político: la transición bajo presión
Tras la muerte del dictador Francisco Franco en noviembre de 1975, España se embarcó en un proceso complejo y frágil hacia la democracia, conocido como la Transición. El rey Juan Carlos I fue proclamado jefe del Estado dos días después y, con el apoyo de sectores reformistas del régimen anterior y de la oposición democrática, impulsó una transformación institucional sin ruptura violenta. El primer Gobierno democrático fue el de Adolfo Suárez, líder de la recién creada Unión de Centro Democrático (UCD), quien encabezó el Ejecutivo desde 1976 hasta su dimisión en enero de 1981.
La aprobación de la Constitución de 1978, en referéndum, supuso el reconocimiento legal del nuevo sistema democrático, pero su aplicación se vio dificultada por múltiples factores: tensiones territoriales, especialmente en el País Vasco y Cataluña; una grave crisis económica heredada de los años anteriores; y, sobre todo, la amenaza constante de ETA, cuyas acciones terroristas desestabilizaban la vida política y social del país. Solo en 1980, la organización armada asesinó a 95 personas.
El Ejército, por su parte, se mantenía como una institución con gran poder simbólico y material, en gran parte heredado del franquismo. Aunque muchos de sus mandos aceptaron formalmente la legalidad democrática, existía un sector claramente descontento con la deriva del país. La legalización del Partido Comunista en abril de 1977 fue uno de los detonantes del malestar en los cuarteles.
La dimisión de Suárez y la investidura de Calvo-Sotelo
La creciente descomposición interna de la UCD y las presiones externas llevaron a Adolfo Suárez a presentar su dimisión el 29 de enero de 1981. Su figura, inicialmente legitimada por su papel clave en la Transición, se encontraba profundamente desgastada. La candidatura de Leopoldo Calvo-Sotelo, hasta entonces vicepresidente, fue presentada como la solución de continuidad, pero no contaba con un consenso amplio ni con el entusiasmo generalizado.
El 20 de febrero tuvo lugar la primera votación de investidura, que Calvo-Sotelo no logró superar. La segunda votación, prevista para el 23 de febrero, requería solo mayoría simple. Fue en ese contexto cuando se puso en marcha el intento de golpe de Estado, conocido coloquialmente como el «23-F».
El asalto al Congreso
La entrada del teniente coronel Tejero en el Congreso, pistola en mano, interrumpió de forma abrupta el discurso del diputado socialista Manuel Núñez Encabo. Tejero, acompañado por unos 200 guardias civiles, ordenó a todos los presentes que se arrojaran al suelo. La escena fue grabada por las cámaras de Televisión Española y se convirtió en uno de los documentos audiovisuales más impactantes de la historia reciente del país.
Entre los presentes se encontraban el presidente del Gobierno en funciones, Adolfo Suárez; el general Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente del Ejecutivo y ministro de Defensa; y el líder de la oposición, Felipe González. La actitud valiente de Suárez y Gutiérrez Mellado, que se mantuvieron de pie frente a los asaltantes, fue ampliamente destacada.
Poco después, en Valencia, el capitán general de la III Región Militar, Jaime Milans del Bosch, ordenó la salida de tanques a las calles y declaró el estado de excepción. La situación se tornó crítica: se temía una coordinación mayor entre las distintas regiones militares que pudiera desencadenar un golpe militar a escala nacional.
El papel del rey Juan Carlos I
El papel del rey fue aparentemente decisivo para la resolución de la crisis. Durante las horas siguientes al asalto, mantuvo reuniones con responsables militares y políticos para garantizar el orden constitucional. En la madrugada del 24 de febrero, a las 1:14 horas, Juan Carlos I apareció en televisión vestido con uniforme de capitán general de los ejércitos para condenar el intento golpista y reafirmar su compromiso con la legalidad democrática. Sus palabras fueron claras:
«La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día.»
Este mensaje tuvo un efecto inmediato: buena parte del estamento militar que podría haber secundado el golpe se desmarcó. Milans del Bosch fue detenido y se ordenó la retirada de los tanques en Valencia. Tejero, atrincherado en el Congreso, acabó rindiéndose al mediodía del 24, tras unas 18 horas de secuestro institucional.
Repercusiones jurídicas e institucionales
Tras el fracaso del golpe, se abrió un proceso judicial para esclarecer responsabilidades. En mayo de 1981 se inició el juicio en el Tribunal Supremo, en el que fueron procesadas 30 personas, 23 de ellas militares. En 1983, el tribunal dictó sentencia: Antonio Tejero fue condenado a 30 años de prisión, Milans del Bosch a 30 años y el general Alfonso Armada, considerado uno de los cerebros del golpe, a 30 años también. Sin embargo, muchos de los condenados cumplieron penas reducidas o fueron indultados años más tarde.
El golpe fallido aceleró algunos procesos políticos. Calvo-Sotelo formó gobierno y, aunque su mandato fue breve, sentó las bases para unas nuevas elecciones. En octubre de 1982, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ganó con mayoría absoluta, iniciando una nueva etapa de consolidación democrática bajo el liderazgo de Felipe González.
La anatomía del miedo colectivo
El impacto psicológico del 23-F fue profundo y duradero. Durante horas, la población española vivió pendiente del transistor y la televisión, en un clima de incertidumbre, silencio y miedo. En muchas casas se prepararon documentos por si llegaban los militares, y no fueron pocos los ciudadanos que pensaron en abandonar el país si se reinstauraba una dictadura.
La memoria colectiva fijó aquellas imágenes del Congreso como símbolo del peligro real que aún acechaba a la joven democracia. El miedo colectivo se alimentaba de una experiencia histórica reciente: apenas seis años antes, Franco había muerto, y muchos de los protagonistas del régimen seguían activos. El temor no era infundado: respondía a una realidad palpable, agravada por la fragilidad institucional, la violencia de ETA y el ruido de sables en los cuarteles.
A partir de ese momento, se reforzaron las garantías democráticas, pero también se consolidó una narrativa que situaba, por aquel entonces, el papel del rey como salvaguarda del sistema. Esta lectura, hegemónica durante décadas, ha sido objeto de revisión crítica en años recientes, pero fue esencial en la construcción del consenso democrático de los años ochenta.
Medios de comunicación y relato oficial
La cobertura informativa del 23-F fue limitada por razones obvias. Tras el asalto, la televisión estatal interrumpió su emisión en directo y mantuvo una programación especial con escasa información. Solo Radiotelevisión Española tuvo acceso al interior del Congreso. Las radios, en cambio, jugaron un papel clave, especialmente la Cadena SER, que mantuvo una emisión continua con análisis y conexiones, ayudando a calmar a la población y ofreciendo datos verificados.
La falta de redes sociales o canales alternativos convirtió a los medios tradicionales en los únicos emisores de información. Su papel fue esencial en la construcción de un relato común del golpe, que más tarde se vería reflejado en documentales, libros y películas, desde el famoso Anatomía de un instante (2009) de Javier Cercas hasta múltiples ensayos y reconstrucciones periodísticas.
El intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 fue un episodio que puso a prueba la resistencia de las instituciones democráticas en España. No fue solo una crisis política, sino también un trauma colectivo, un instante suspendido en el tiempo que condensó todos los miedos heredados de cuarenta años de dictadura.
Afortunadamente, la respuesta institucional, el rechazo de buena parte del Ejército y el pronunciamiento del rey impidieron que el intento prosperara. Pero la jornada dejó una huella profunda. Consolidó una cultura política de consenso y vigilancia democrática, e instaló en la memoria pública la certeza de que la libertad, aún joven, podía perderse en cuestión de horas.
Desde una perspectiva histórica, el 23-F marcó el fin de la Transición en su dimensión más vulnerable. La democracia española salió fortalecida, pero también más consciente de sus enemigos internos. El miedo colectivo no fue solo un reflejo del pasado, sino también un aprendizaje de futuro.
© VALENTÍN CASTRO