Durante décadas, el proceso de Transición democrática en España ha sido presentado como un modelo político de reconciliación, una especie de “excepcionalidad española” que permitió a la sociedad salir de una dictadura de casi cuarenta años sin rupturas traumáticas ni grandes episodios de violencia. Esta visión, ampliamente difundida desde las instituciones del Estado, los medios de comunicación y los manuales escolares, construyó una narrativa donde el consenso, el pragmatismo y la moderación de las élites se convirtieron en los valores fundacionales de la nueva democracia.
Sin embargo, con el cambio de siglo y la aparición de nuevas generaciones, así como el empuje del movimiento memorialista, esta lectura ha sido objeto de revisión crítica. La Transición ya no es percibida exclusivamente como un proceso exitoso, sino también como un relato construido, con sus exclusiones, pactos y silencios. Un relato que, lejos de estar cerrado, sigue siendo campo de disputa en la cultura y en la política contemporáneas.
El relato fundacional: la épica del consenso
La narración dominante de la Transición se consolidó en los años ochenta como una historia de reconciliación nacional. Los grandes hitos del periodo —la legalización del Partido Comunista de España, los Pactos de la Moncloa, la Constitución de 1978 —fueron interpretados como conquistas compartidas entre antiguos adversarios. Esta versión presentaba la superación del conflicto como un logro colectivo: la ciudadanía habría elegido mirar hacia el futuro, renunciando a revisar el pasado traumático de la guerra y la dictadura.
Historiadores como Santos Juliá defendieron esta visión, interpretando el consenso como el principio organizador del nuevo régimen político. En su obra Transición. Historia de una política española (1937–2017) (Galaxia Gutenberg, 2017), Juliá argumenta que la transición democrática fue una evolución política lograda gracias a la moderación de las élites y la maduración de la sociedad civil. No obstante, esta narración dejó fuera a sectores que no participaron de los pactos, y cuyas voces —las de los vencidos, los exiliados, los represaliados— apenas encontraron espacio en el nuevo marco político. El coste del consenso fue, en muchos casos, el silencio.
Pactos necesarios, silencios impuestos
La aprobación de la Ley de Amnistía de 1977 (Ley 46/1977, de 15 de octubre) representó un punto de inflexión. Concebida como una herramienta para liberar a los presos políticos y cerrar heridas, en la práctica actuó como una ley de autoamnistía que impedía juzgar los crímenes cometidos por el franquismo. Esta interpretación ha sido respaldada por organismos internacionales como Amnistía Internacional y el Relator Especial de la ONU sobre justicia transicional.
Este marco jurídico vino acompañado de un consenso social implícito: no reabrir el pasado reciente en aras de la convivencia democrática. Como ha argumentado la politóloga Paloma Aguilar, la Transición operó bajo un “pacto de silencio tácito”, no formalizado, pero eficaz en su aplicación práctica. La represión franquista quedó fuera del debate público, sin políticas de reparación ni reconocimiento oficial. Durante años, los manuales escolares trataron la Guerra Civil y la dictadura de forma marginal o neutral, mientras que las víctimas del franquismo fueron relegadas al ámbito privado o familiar. Tampoco se depuraron responsabilidades en las instituciones del Estado: el poder judicial, la policía, el ejército y buena parte de la administración pública continuaron funcionando con estructuras heredadas del régimen anterior.
La crisis del relato: memoria, generaciones y conflicto
Con el inicio del siglo XXI, el relato de la Transición como proceso modélico comenzó a resquebrajarse. La aparición de nuevas generaciones no condicionadas por el miedo al conflicto civil, junto con el impulso del movimiento por la memoria histórica, abrió una etapa de revisión crítica del pasado reciente.
La aprobación de la Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007) significó un cambio simbólico: por primera vez, el Estado reconocía de forma oficial el sufrimiento de las víctimas del franquismo y se comprometía a colaborar en la exhumación de fosas comunes. Aunque la ley fue limitada en su alcance y dejó sin resolver aspectos claves como la anulación de sentencias franquistas, marcó un giro en la política de la memoria. Este nuevo clima favoreció el desarrollo de una historiografía crítica que ha desmontado algunos de los mitos más consolidados de la Transición. Autores como Josep Fontana, Xavier Casals, Alberto Reig Tapia, Ferrán Gallego o Manuel Ortiz Heras han analizado el proceso desde perspectivas que subrayan la continuidad institucional, la violencia política y el desequilibrio de fuerzas entre los actores del cambio.
Cultura y memoria: otra forma de narrar
La cultura, en sus diversas manifestaciones, ha jugado un papel esencial en la revisión del relato de la Transición. En ausencia de políticas públicas de memoria robustas, ha sido a menudo en la literatura, el teatro, el cine o las artes visuales donde se han planteado con mayor claridad las contradicciones del periodo. La literatura española contemporánea ha abordado la memoria de la dictadura y la Transición desde perspectivas diversas. Obras como El vano ayer (2004), de Isaac Rosa, o La larga marcha (1996), de Rafael Chirbes, plantean una crítica estructural del franquismo tardío y sus prolongaciones en la democracia. Soldados de Salamina (2001), de Javier Cercas, abrió un debate público sobre la representación del heroísmo. La voz dormida (2002), de Dulce Chacón, recuperó la memoria de las mujeres represaliadas.
El cine también ha sido decisivo. Películas como Pa negre (2010), de Agustí Villaronga, o Los girasoles ciegos (2008), de José Luis Cuerda, abordan la posguerra desde una óptica intimista. El documental El silencio de otros (2018), dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bahar, muestra la lucha jurídica de las víctimas del franquismo a través de la Querella Argentina. En teatro, obras como La piedra oscura (2015), de Alberto Conejero, y El rey (2016), de Alberto San Juan, cuestionan mitos fundacionales del nuevo régimen. También en las artes visuales contemporáneas, artistas como Francesc Torres y Santiago Sierra han desarrollado proyectos de memoria crítica.
La disputa actual: entre memoria y revisionismo
La memoria de la Transición está hoy en el centro de una disputa política activa. La Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022, de 19 de octubre) declara la nulidad de los juicios franquistas, reconoce a las víctimas de la dictadura y asume la responsabilidad del Estado en la búsqueda de desaparecidos. Sin embargo, ha sido impugnada por sectores conservadores y bloqueada en algunas comunidades autónomas. La aparición de una extrema derecha institucionalizada, representada por Vox , ha reactivado un discurso negacionista del franquismo y hostil hacia las políticas de memoria. Esta estrategia de confrontación cultural busca revertir los avances legislativos en materia de verdad, justicia y reparación.
Organismos internacionales como Naciones Unidas han insistido en que la Ley de Amnistía es incompatible con el derecho internacional y debe ser derogada para que España cumpla con los principios de justicia transicional. Hacia una narrativa democrática y plural. Revisar la Transición no implica negar sus logros —entre ellos, el establecimiento de un sistema parlamentario, la integración en Europa o la consolidación de derechos civiles—, sino comprender sus límites y contradicciones. Implica, sobre todo, asumir que la democracia no se construye sobre el silencio, sino sobre el reconocimiento de la pluralidad de memorias, la reparación de las injusticias y la revisión crítica del poder. La Transición no es un capítulo cerrado ni un monumento intocable. Es una construcción histórica y narrativa que debe ser abierta al análisis, al disenso y a la complejidad. Superar la mitificación no significa renunciar a la democracia, sino fortalecerla mediante el examen de sus fundamentos y la inclusión de quienes fueron marginados en su génesis.
En un país donde aún existen más de 110.000 personas desaparecidas, según la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la política de la memoria no puede limitarse a la evocación nostálgica. Es una cuestión de justicia, de ciudadanía y de dignidad democrática.
Valentín Castro