{"id":30820,"date":"2026-08-11T00:00:21","date_gmt":"2026-08-10T22:00:21","guid":{"rendered":"https:\/\/hojassueltas.es\/?p=30820"},"modified":"2026-08-10T16:56:20","modified_gmt":"2026-08-10T14:56:20","slug":"intentare-dejar-las-responsabilidades-claras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hojassueltas.es\/?p=30820","title":{"rendered":"Intentar\u00e9 dejar las responsabilidades claras"},"content":{"rendered":"

Decir que \u00abla Administraci\u00f3n\u00bb ha fallado, sin identificar qu\u00e9 instituci\u00f3n deb\u00eda actuar, convierte un problema concreto en una acusaci\u00f3n imprecisa y facilita que la indignaci\u00f3n ciudadana sea utilizada como munici\u00f3n pol\u00edtica.<\/em><\/span><\/span><\/p>\n

Una mujer con un hijo va a ser desahuciada de la vivienda que ocupa. Ante el periodista declara: \u00abLa Administraci\u00f3n se ha desentendido de nosotros\u00bb. La frase expresa abandono, angustia y, probablemente, una experiencia agotadora frente a oficinas, plazos y silencios. No hay motivo para discutirle a la afectada su percepci\u00f3n. Pero s\u00ed hay una obligaci\u00f3n profesional que corresponde al medio de comunicaci\u00f3n: formular la pregunta que falta. \u00bfQu\u00e9 Administraci\u00f3n?<\/span><\/span><\/p>\n

\u00bfSe dirigi\u00f3 a los servicios sociales municipales? \u00bfSolicit\u00f3 una vivienda p\u00fablica a la comunidad aut\u00f3noma? \u00bfQu\u00e9 juzgado tramita el procedimiento? \u00bfExiste informe de vulnerabilidad? \u00bfQu\u00e9 organismo recibi\u00f3 la petici\u00f3n y no contest\u00f3? Sin esas respuestas, la noticia describe el dolor, pero deja un espacio vac\u00edo que otros llenar\u00e1n con el culpable m\u00e1s conveniente. La precisi\u00f3n no es una man\u00eda burocr\u00e1tica. Es una condici\u00f3n elemental del periodismo y tambi\u00e9n de la democracia. Una ciudadan\u00eda que desconoce qui\u00e9n decide, qui\u00e9n ejecuta y qui\u00e9n financia dif\u00edcilmente puede exigir cuentas a la instituci\u00f3n adecuada.<\/span><\/span><\/p>\n

La Constituci\u00f3n establece que Espa\u00f1a es un Estado social y democr\u00e1tico de Derecho y que su forma pol\u00edtica es la monarqu\u00eda parlamentaria. El t\u00edtulo VIII no dibuja una sencilla l\u00ednea vertical con el Gobierno de Espa\u00f1a arriba y las restantes instituciones debajo. Su art\u00edculo 137 dispone que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades aut\u00f3nomas, dotados de autonom\u00eda para gestionar sus intereses. El art\u00edculo 148 permiti\u00f3 que las comunidades asumieran, mediante sus estatutos, competencias como vivienda, urbanismo, asistencia social, cultura o sanidad. Todas han asumido competencias exclusivas en materia de vivienda, aunque su ejercicio pueda verse condicionado por t\u00edtulos estatales que inciden sobre ella, como record\u00f3 el Tribunal Constitucional en su sentencia 79\/2024<\/a>.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

El art\u00edculo 149 reserva al Estado materias como la Administraci\u00f3n de Justicia, la legislaci\u00f3n procesal y civil, las bases de la planificaci\u00f3n econ\u00f3mica, la Hacienda general o las bases del r\u00e9gimen jur\u00eddico de las administraciones p\u00fablicas. No son compartimentos estancos, sino un sistema que se completa con los estatutos y las leyes sectoriales. La propia Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola<\/span><\/a> obliga a leer conjuntamente sus art\u00edculos 137, 148 y 149.<\/span><\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n conviene separar dos conceptos utilizados como sin\u00f3nimos. El Gobierno dirige la pol\u00edtica y la Administraci\u00f3n civil y militar; la Administraci\u00f3n General del Estado act\u00faa bajo esa direcci\u00f3n. Est\u00e1n relacionados, pero no son id\u00e9nticos, ni el presidente adopta personalmente cada resoluci\u00f3n. La Constituci\u00f3n atribuye a los ministros responsabilidad directa sobre su gesti\u00f3n. El Poder Judicial es otra realidad. Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado corresponde a jueces y tribunales independientes. Confundir una orden judicial con una decisi\u00f3n gubernamental es un error, aunque las leyes aprobadas por las Cortes delimiten el marco de la resoluci\u00f3n.<\/span><\/span><\/p>\n

El ejemplo de la vivienda permite observar la complejidad sin convertirla en excusa. El art\u00edculo 47 de la Constituci\u00f3n encarga a los poderes p\u00fablicos promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el acceso a una vivienda digna. Habla de \u00abpoderes p\u00fablicos\u00bb, en plural. No designa a una sola ventanilla ni convierte por s\u00ed mismo la vivienda en competencia exclusiva del Gobierno de Espa\u00f1a. En un desahucio, el procedimiento suele iniciarlo el propietario o titular del derecho y la decisi\u00f3n procesal corresponde al \u00f3rgano judicial. Cuando puede existir vulnerabilidad, intervienen las administraciones auton\u00f3micas y locales competentes en vivienda y asistencia social: valoran la situaci\u00f3n y pueden proponer atenci\u00f3n, ayudas o una alternativa habitacional. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil introducida por la Ley 12\/2023<\/span><\/a> regula esa comunicaci\u00f3n entre el juzgado y los servicios p\u00fablicos.<\/span><\/span><\/p>\n

La comunidad aut\u00f3noma dise\u00f1a y ejecuta su pol\u00edtica de vivienda, gestiona su parque p\u00fablico y organiza los servicios sociales. El municipio tiene competencias en vivienda protegida y en la evaluaci\u00f3n y atenci\u00f3n inmediata de personas en riesgo de exclusi\u00f3n, seg\u00fan el art\u00edculo 25 de la Ley de Bases del R\u00e9gimen Local<\/span><\/a>. El Estado fija la legislaci\u00f3n civil y procesal, establece condiciones b\u00e1sicas y puede aprobar planes y financiaci\u00f3n. El juzgado resuelve. El propietario ejerce sus derechos y asume sus obligaciones. Podr\u00edan concurrir fallos distintos: una norma estatal insuficiente, una pol\u00edtica auton\u00f3mica sin parque p\u00fablico bastante, unos servicios municipales desbordados o una coordinaci\u00f3n tard\u00eda. La competencia puede estar distribuida, pero la responsabilidad debe identificarse tramo a tramo.<\/span><\/span><\/p>\n

El atajo de culpar a la Moncloa<\/span><\/span><\/h2>\n

La expresi\u00f3n \u00abla Administraci\u00f3n\u00bb posee una ventaja propagand\u00edstica: su vaguedad. Permite reconducir hacia el presidente del Gobierno una queja nacida en un ayuntamiento, una consejer\u00eda, una oficina estatal o un juzgado. No hace falta demostrar la relaci\u00f3n entre el hecho y la instituci\u00f3n acusada; basta con repetirla. Un presidente debe responder por las decisiones de su Gobierno, sus prioridades, las leyes que impulsa y aquello que omite pudiendo actuar. No como autor inmediato de una resoluci\u00f3n municipal, auton\u00f3mica o judicial sobre la que carece de competencia. Exigirlo falsea el funcionamiento del Estado. Tampoco puede utilizarse el reparto competencial para absolver siempre al Gobierno de Espa\u00f1a. Decir \u00abeso corresponde a las comunidades aut\u00f3nomas\u00bb no cierra la discusi\u00f3n: habr\u00e1 que comprobar si el Estado regul\u00f3, financi\u00f3 y coordin\u00f3 adecuadamente. Del mismo modo, un gobierno auton\u00f3mico no puede culpar a La Moncloa de cada carencia propia, ni un ayuntamiento esconder su inacci\u00f3n detr\u00e1s de la comunidad. El enga\u00f1o funciona en ambas direcciones: se puede centralizar artificialmente toda culpa o fragmentarla hasta que nadie responda. Frente a esos dos abusos, la \u00fanica salida honrada consiste en reconstruir la cadena de decisiones.<\/span><\/span><\/p>\n

La persona que pide ayuda no tiene por qu\u00e9 conocer el organigrama institucional. La Administraci\u00f3n p\u00fablica debe coordinarse y servir con eficacia los intereses generales, como ordena el art\u00edculo 103 de la Constituci\u00f3n. No ser\u00eda aceptable abandonar a una familia porque llam\u00f3 primero a una puerta equivocada. La complejidad territorial obliga a las instituciones a cooperar, no al ciudadano vulnerable a convertirse en especialista en Derecho administrativo. El periodista s\u00ed debe realizar ese trabajo. Antes de publicar que \u00abla Administraci\u00f3n se desentiende\u00bb, ha de precisar qu\u00e9 organismo recibi\u00f3 la solicitud, qu\u00e9 resolvi\u00f3 o dej\u00f3 de resolver, qui\u00e9n financiaba y qui\u00e9n ejecutaba. Adem\u00e1s, debe solicitar respuesta a las instituciones implicadas y diferenciar la declaraci\u00f3n de parte del hecho acreditado. Conviene abandonar los sujetos vaporosos. En vez de \u00abla Adinistraci\u00f3n deneg\u00f3 la ayuda\u00bb, debe nombrarse a la consejer\u00eda responsable; en vez de \u00abel Gobierno orden\u00f3 el desahucio\u00bb, corresponde se\u00f1alar que el juzgado fij\u00f3 el lanzamiento, si eso ocurri\u00f3. La exactitud gramatical se convierte aqu\u00ed en exactitud pol\u00edtica.<\/span><\/span><\/p>\n

Mi lectura<\/span><\/span><\/h2>\n

Dejar claras las responsabilidades no significa rebajar la cr\u00edtica, sino dirigirla con mayor fuerza. La indignaci\u00f3n fundada necesita nombre institucional, competencia comprobada, decisi\u00f3n documentada y posibilidad real de respuesta. Sin esos elementos, la denuncia corre el riesgo de convertirse en ruido; con ellos, puede obligar a rectificar, reparar y rendir cuentas. En esta \u00e9poca de titulares acelerados, bulos y discursos que explotan el descontento, la pedagog\u00eda institucional forma parte de la responsabilidad cultural de un peri\u00f3dico. La Constituci\u00f3n no debe citarse como adorno solemne ni como arma arrojadiza. Debe utilizarse para comprender d\u00f3nde reside el poder, cu\u00e1les son sus l\u00edmites y a qui\u00e9n corresponde responder en cada caso.<\/span><\/span><\/p>\n

No todo es culpa del presidente del Gobierno. Tampoco todo queda fuera de su responsabilidad pol\u00edtica en algunos casos. No todo desahucio es una decisi\u00f3n administrativa. Tampoco una resoluci\u00f3n judicial exonera a los poderes p\u00fablicos de haber previsto alternativas para las personas vulnerables. La democracia adulta comienza cuando sustituimos el culpable autom\u00e1tico por la pregunta exacta: \u00bfqui\u00e9n ten\u00eda la competencia, los recursos y la obligaci\u00f3n de actuar, y qu\u00e9 hizo con ellos?<\/span><\/span><\/p>\n

Recomiendo una lectura \u00fatil: el texto vigente de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola<\/strong> en la edici\u00f3n electr\u00f3nica del Bolet\u00edn Oficial del Estado, especialmente los art\u00edculos 1, 47, 97, 98, 103, 117 y 137 a 149. Conviene acompa\u00f1arla, para cada asunto concreto, del estatuto de autonom\u00eda correspondiente y de la ley sectorial aplicable. Leer las normas no resuelve por s\u00ed solo los conflictos sociales, pero impide que la responsabilidad p\u00fablica sea atribuida por intuici\u00f3n, costumbre o conveniencia partidista.<\/span><\/span><\/h2>\n

\u00a9 Anxo do Rego. para PLAZA P\u00daBLICA. Todos los derechos reservados.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Decir que \u00abla Administraci\u00f3n\u00bb ha fallado, sin identificar qu\u00e9 instituci\u00f3n deb\u00eda actuar, convierte un problema concreto en una acusaci\u00f3n imprecisa y facilita que la indignaci\u00f3n ciudadana sea utilizada como munici\u00f3n pol\u00edtica. Una mujer con un hijo va a ser desahuciada de la vivienda que ocupa. 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